En un contexto de desempleo y crisis económica.

Por León Piasek
Abogado Laboralista. Asesor de APJ

La historia nos enseña que en sus albores el sistema capitalista sometió a los trabajadores a condiciones inhumanas de labor. Las luchas obreras para modificar esa realidad ponen en peligro al propio sistema y los sectores sociales dominantes ofrecen concesiones a cambio de que el naciente movimiento sindical deponga su pretensión de destruir ese ordenamiento social, que oprimía y explotaba a la clase trabajadora. Un importante sector de ese movimiento sindical acepta la propuesta –o se ve obligado a aceptar la misma según la interpretación histórica que se haga sobre el particular- dando de alguna forma nacimiento a lo que se ha denominado Contrato Social.

Coincidimos con quienes recordando hitos fundamentales de la lucha del movimiento obrero y de sectores excluidos, en que además de la interpretación antes formulada, no hay dudas que los excluidos han logrado poner límites al poder económico y político, ejerciendo el derecho de huelga y otras acciones, en esta tensión entre clases o en la lucha de clases, de acuerdo a la ideología marxista.

Se trata del contrato originario que da nacimiento a la sociedad capitalista moderna, estableciendo los pilares principales de un ordenamiento social y económico que precede y da origen al llamado Constitucionalismo Social.

De ese Contrato Social y/o de las luchas obreras, emana el Derecho del Trabajo, que en el plano individual se manifiesta en significativas mejoras en las condiciones de labor de los trabajadores, y en el plano colectivo se expresa como reconocimiento de sus derechos a organizarse libremente, a negociar colectivamente y a recurrir a la huelga, como una de las más efectivas herramienta de autotutela de los derechos y garantías así conquistados.

Su incorporación a los textos constitucionales no significa otra cosa que un reconocimiento de un derecho humano fundamental de los trabajadores, junto al derecho “al trabajo”, a la seguridad social, a la protección de la salud, a la alimentación, a la vivienda; a la educación, al vestuario, al transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Estos derechos fundamentales, son ley en nuestro país, por la vigencia de los tratados y convenios de derechos humanos, por la Constitución Nacional (artículos 14 bis ,75 incisos 22 y 23 CN), por las normas laborales (ejemplo art 116 Salario Mínimo Vital y Móvil, entre otras normas que además tutelan el derecho “al trabajo”, que limitan las facultades de los empleadores, en atención a que se interpreta que el trabajador es el sujeto de “preferente tutela”, como se han señalado en numerosos precedentes de nuestra Corte Suprema y de tribunales inferiores.

El movimiento obrero no se resigna a la imposición de una mejor distribución de la riqueza, a la democratización de las relaciones con las patronales, a la que naturalmente aspira la negociación colectiva. Por eso la legalidad del sistema generalmente busca encorsetar el fenómeno sindical: asociaciones gremiales débiles y huelgas inofensivas.

Después de esta introducción, para resaltar el valor del progreso social en materia de conquista de derechos, en la puja distributiva entre el capital y el trabajo, conflicto que a nuestro entender es propio en esta sociedad, nos adentramos a la tan publicitada “reforma laboral”, que se reitera desde el oficialismo, en especial, argumentando que es necesaria para que arribe finalmente “la lluvia de inversiones”.

Los discursos del Presidente y sus Ministros, sus voceros y “opinólogos” que alientan la mentada “reforma”, reproducen en forma similar las posiciones sostenidas en los 90, que precedieron el “Acuerdo Marco”, que dio origen entre otras normas, además de la privatización de la seguridad social (AFJP), la sanción de la nefasta Ley de Riesgos de Trabajo, la rebaja de contribuciones patronales y una serie de normas que precarizaron los contratos de trabajo, impusieron la “flexibilización”, los contratos basura, etc, con el fin de adecuar la alegada “rigidez” de las normas protectorias laborales; con la finalidad que los inversores extranjeros y empresarios locales, pudieran contratar con menores costos trabajadores y poder combatir el desempleo y el alto porcentaje de trabajadores contratados ilegalmente.

Como sabemos, esa reforma laboral no cumplió con los objetivos; en la forma que se publicitó, conocemos la quiebra de las AFJP, recordamos el fracaso del sistema de riesgos de trabajo, que no sirvió para prevenir enfermedades y accidentes laborales, ni para mejorar las prestaciones, menos para recalificar a los trabajadores con algún grado de discapacidad para reinsertarlo; tampoco cumplió la ley con su fin de reparar integralmente los daños y fue declarada inconstitucional, por diversas causas que no se pueden resumir en este nota.

Además la reforma laboral, incumplió su promesa de acabar o reducir el desempleo, el fraude laboral, el trabajo no registrado; por el contrario se incrementó el desempleo, los contratos no registrados y tuvimos un triste récord de despidos, suspensiones, quiebras y cierres de empresas, como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas en esa olvidable década de los 90; muy emparentadas con las actuales, maquilladas con un marketing al parecer más efectivo para encubrir una nueva debacle social, económica y política.

En la actualidad se repiten estas justificaciones, para intentar demoler las normas protectorias, los convenios colectivos de trabajo, se procura cercenar el derecho a la estabilidad laboral, el derecho de huelga, a la negociación colectiva, se intenta disfrazar la importancia de los Convenios Colectivos de Trabajo, negociados por las partes en forma autónoma, con responsabilidad en cada actividad o empresa.Para sembrar el terreno, se denuncian sin fundamentos a “mafias”, en las que se incluyen a los trabajadores, abogados laboralistas y magistrados.

El Presidente, en cada aparición pública, sin importar el ámbito, vuelve a la carga con estas denuncias, falseando la realidad, acusando a la “mafia” del cierre de Pymes, al mismo tiempo que muchos de los representantes de las propias empresas, desmienten al mandatario, acusando a las políticas de ajuste, incremento de tarifas, impuestos, contracción de la demanda, a las importaciones indiscriminadas y a otras medidas que atentan contra las empresas; las causas de los cierres, suspensiones y despidos masivos, que se han convertido en un drama social, para pequeños y medianos empresarios y sobre todo para los trabajadores.

En la actual coyuntura política de nuestro país ya ni siquiera se intenta disimular su ideología conservadora y defensora de antiguas políticas de comprobado fracaso en nuestro país y en el mundo. Se destacan entre las propuestas de reforma laboral regresiva, las que seguramente forman parte de la agenda del oficialismo; que seguramente mira con simpatía la reforma cavernícola brasileña.

Los Ceos del gobierno, y parte del empresariado, sueña con que se legisle a favor de la eliminación de la indemnización por despido, que es la forma más agravada de vulnerar la estabilidad en el contrato de trabajo y es funcional a los intereses de los empleadores, para disciplinar a sus dependientes; anuncian reformas restrictivas del derecho de huelga (como se procedió en forma inconstitucional en la provincia de Córdoba), se pretende restringir o limitar la negociación colectiva; limitar los períodos de licencias; extender las jornadas laborales, eliminar prohibiciones en tareas insalubres, peligrosas, nocturnas; suprimir el pago de adicionales de convenio, entre otras modificaciones hasta ahora no explicitadas claramente, porque transitamos una etapa electoral.

Esto se desarrolla en el marco de cierres de establecimientos, en especial poderosas empresas multinacionales, sin la necesaria intervención del Estado y del Ministerio de Trabajo de la Nación, para evitar los despidos, facilitando y legitimando la impunidad patronal, en violación de las normas que prohíben los despidos colectivos, que carecen de justa causa.

Para concluir, decimos que más allá de lo que ocurra respecto a esta anunciada “reforma”, lo cierto, es que habiéndose incrementado el desempleo y los contratos de trabajo no registrados, se produce una flexibilización “de hecho”, ante el temor al despido, muchos trabajadores son sometidos a condiciones laborales y salariales decididas por las patronales, cuando la organización sindical es débil o está cooptada; mientras se ataca a las organizaciones sindicales, se las interviene ilegalmente, se atacan si discriminar a los trabajadores, los abogados laboralistas y a los representantes sindicales; además el Gobierno impulsa la derogación de derechos, vía los acuerdos colectivos, como ha ocurrido en el sector automotriz, petrolero y lácteo (San Cor), en el que se han suprimido derechos adquiridos, se extienden las jornadas, y hasta se han eliminado las trabas para evitar los riesgos en trabajos peligrosos, como ocurre en los pozos petroleros.

El objetivo de la reforma laboral es optimizar la tasa de ganancia de las empresas, mediante la reducción de salarios, incrementar la productividad mediante un sobreesfuerzo de los trabajadores y debilitar su poder de lucha y de negociación.

“En los medios, los trabajadores también son víctimas de cierres; despidos y demoras en el pago de salarios y omisión de contribuciones patronales. Después de un 2016, con los escandalosos vaciamientos del Grupo 23 entre otros; este año se constatan despidos en varias empresas, demoras en los pagos e incertidumbre ante innumerables pérdidas de fuentes de trabajo”